Hoy, viernes 27 de octubre, ha tenido lugar la payasada
fantoche de la declaración de la República catalana
PUIGDEMONT LLEVA
A CATALUÑA AL DESASTRE
El presidente de la Generalitat desaprovechó ayer la
última oportunidad que tenía para volver a la senda constitucional e impedir la
aplicación del artículo 155. En vano, intentó chantajear de nuevo al Estado
amenazando a la desesperada con convocar unas elecciones cuyas condiciones el
Gobierno podía aceptar y no dudó en utilizar de forma torticera la mediación
del lehendakari Iñigo Urkullu y del líder del PSC Miquel Iceta, entre otros,
para intentar que el Gobierno aceptase algo inadmisible: una solución que no
implicase el reconocimiento explícito de la renuncia a la proclamación
unilateral de independencia y la aceptación de la Constitución y el Estatuto
como el único marco legal de actuación. Ésa es la principal condición que ha
puesto el Gobierno para no ejecutar las medidas aparejadas al artículo 155 y es
lógico que el equipo de Rajoy no haya aceptado lo que habría sido la mayor
humillación de nuestra historia democrática.
Kokomochov I, el factótum mayor de la opresión separatista
Después de una mañana más propia de un sainete sin gracia
que de un político responsable, Puigdemont tuvo que reconocer por la tarde que
está viviendo sus últimos días como presidente de la Generalitat. Tras
mostrarse una vez más como adalid del diálogo, la prudencia y la solución
pactada, algo que nadie puede creerse ya, ni en España ni en ninguna
cancillería europea, decidió diluir su responsabilidad en el Parlament, para
que sea éste, en una votación que probablemente se forzará hoy, el que declare
la independencia de Cataluña. Con esta votación, Puigdemont quiere escenificar
que existen dos legalidades paralelas, la de las Cortes españolas y la de la
Cámara autonómica. Nada más lejos de la realidad. La única legalidad y
legitimidad reside en las instituciones del Estado que se mantienen fieles a la
Constitución. La votación que hoy tendrá lugar en el Senado para facultar al
Gobierno a restablecer la ley en Cataluña es la materialización de la voluntad
del pueblo español, en el que recae la soberanía nacional. La que tendrá lugar
en el Parlament es una farsa, ya que la cámara catalana lleva meses secuestrada
por los independentistas, como ha denunciado en múltiples ocasiones el Tribunal
Constitucional, declarando ilegales las principales leyes de desconexión
aprobadas.
El ladrón impune durante décadas en Cataluña
Por eso, el Gobierno no puede perder ni un minuto en
intervenir la autonomía de Cataluña una vez que el Senado le otorgue hoy la
facultad para hacerlo. Y no ha de temblarle el pulso a la hora de tomar las
decisiones que considere oportunas por muy traumáticas que puedan llegar a ser,
incluida la destitución fulminante del Govern sedicioso. La amenaza que para la
paz y la convivencia social significa un desafío de esta magnitud, así como
para la propia supervivencia del Estado, requieren serenidad, pero también
determinación. En paralelo, si se produce la declaración unilateral de
independencia, la Fiscalía tendrá que actuar enérgicamente contra los miembros
de la Mesa de la cámara que tramiten la solicitud de la votación, incluida su
presidenta y contra el Govern en pleno y los diputados que voten a favor. Todos
ellos deberán responder ante la Justicia por un delito de rebelión, penado con
hasta 30 años de prisión.
El Parlamento catalán está secuestrado por paletos egoístas y comunistas antisistema con un irresponsable e iletrado en la cúspide
El empecinamiento de Puigdemont en una independencia que
sabe imposible están dañando de forma alarmante los niveles de bienestar
social, económico y político logrados en 40 años de democracia y convivencia.
Es necesario atajar de raíz en Cataluña los valores de insolidaridad y
exclusión que fomenta el independentismo. Asimismo, hay que explicar a una
sociedad manipulada por unos medios de comunicación puestos al servicio del
sectarismo y una educación en manos de fanáticos separatistas, que la
solidaridad territorial es la que ha logrado que España sea considerada como
una de las principales potencias económicas del mundo. Y que una Cataluña
independiente no tiene futuro dentro de Europa.
(Editorial del
periódico “El Mundo” publicado
en ese mismo medio el
viernes 27 de octubre de 2017)
El final de este conflicto debería ser como el título de la película de Luis García Berlanga ("Todos a la cárcel") por sediciosos, golpistas, traidores, delincuentes, soberbios, nazis, insolidarios, adoctrinadores y racistas