Bandera constitucional del Reino de España
adoptada el día 6 de diciembre de 1978
ESPAÑA NECESITA
SER
RECONSTRUIDA
En la comunidad madrileña, gobernada
por el partido popular, se ha vendido una promoción de viviendas de protección
oficial al grupo inversor “Golden Sachs” al precio de 60.000 euros cada piso.
Las casas se habían alquilado por siete años, y ahora que está a punto de
vencerse el contrato, los inquilinos han recibido una carta en la que se les
comunica un ultimátum: o compran por 160.000 euros las cuatro paredes que les
cobijan o se van a la calle. En Galicia se ha detenido por falta de presupuesto
el megalómano proyecto de una ciudad de la cultura cuyo coste de mantenimiento,
de haberse concluido, costaría 40 millones de euros anuales. Eso sí, de lo poco
terminado figura una biblioteca cuyos volúmenes están todos en “galego” y
ninguno en castellano. La “amplitud de miras” debe ser un concepto paisajístico
para los gestores culturales que la dirigen, es decir, la panorámica que desde
los cristales de dicha biblioteca se contemplan, porque en su horizonte la
vista no alcanza al resto de España. En nuestro Estado democrático 70.000
políticos surgen como por ensalmo de las urnas. Se calcula que con las
canonjías que proporciona la militancia puede haber enchufados hasta 445.568
personas mediante favores en cualquier estrato administrativo, ya sea local, cabildicio,
autonómico, estatal o europeo, sin contar con las embajadas, las fundaciones,
los patronatos culturales o los institutos “Cervantes” en el extranjero.
Ignacio González González
(Madrid, 1960)
Presidente de la Comunidad de Madrid
y rey en la ínsula barataria de un lujoso ático marbellí
Desde que empezó la crisis, a
finales de 2007, han ido yéndose al garete 180 empresas cada día. A partir de
entonces hasta hoy se han evaporado 234.094 sociedades e ido al limbo 2.729.769
empleos. Una destrucción de tejido laboral que no impidió el buenismo vacuo de
Zapatero negando la crisis en sus comienzos, ni ha podido cortar su hemorragia la
inútil inoperancia de Mariano Rajoy con su cinismo electorero. De las empresas
que se están creando, el 50% cierra antes de cumplir los tres años; y de las
antiguas que sobreviven, la reducción de plantilla es tanta que el 57% de ellas
sólo mantienen contratados a uno o dos trabajadores. Desde el año 2009 la
economía española decrece, muchos emigrantes han tenido que regresar a sus países
de origen y la propia juventud española, con un 57’22% de menores de 25 años
desempleados, se ha visto empujada a marcharse porque en su propia tierra no hay
oportunidades. En el año 2012 el PIB español se situó en cifras negativas, un -1’4%,
y para el año en curso las previsiones del FMI son del 0’0%. La deuda pública bruta,
según la OCDE, alcanzará el 103’5% del PIB al acabar 2014. El número de parados
ronda los 6.202.700, un 27’16% de la población; y la cantidad de hogares con
todos sus miembros activos en paro está en torno a 1.906.100.
El abismo entre ricos y pobres se agranda en nuestro país
En la España del fango y la
pandereta hay en estos momentos más de 1.600 causas judiciales abiertas en
relación con casos de cohecho, malversación, desvío de capitales, latrocinio de
fondos públicos y prevaricación, sin que la corrupción se compadezca ni siquiera
con algún miembro de la casa real y salpica con su oprobio al marido de una infanta
y a ella misma. A todo esto, la derecha intenta desviar la atención elaborando
y aprobando (con disciplina de voto y multa a quien no obedezca), una anacrónica
ley sobre el aborto que nos hace retroceder más de veinte años atrás en la
legislación. Por si no fuera poco el esperpento, la izquierda lo multiplica
afanándose, un mes sí y otro también, con la ecuánime propuesta de exhumar
huesos de fallecidos en la guerra civil siempre y cuando sean de un bando, el
suyo, y no del otro, el que sufrió los rigores del terror rojo, entre ellos 6.000
sacerdotes y monjas asesinados y aproximadamente 30.000 españoles que corrieron
la misma suerte por ser conservadores, católicos, patriotas, poseer bienes, o
simplemente ser envidiados.
Altar de una iglesia de Toledo profanada por las fuerzas
republicanas al inicio de la Guerra Civil en 1936
En España se dictan sentencias
que protegen el derecho al uso del idioma español, a recibir educación en la
lengua de todos, a poder rotular un comercio como lo desee su propietario, pero
todas van directamente a la papelera en el feudo de Cataluña, donde impera una
suerte de gangsterismo ideológico según el cual es obligatorio que todos
piensen lo mismo y al chantaje negociador pretende disfrazársele de diálogo. El
“molt honorable” Artur Mas no sabe resolver ni uno solo de los problemas que
aquejan al territorio sobre el que ineptamente gobierna, y de ahí que se
obsesione con una monomanía que le salva de todo como una panacea: la
independencia catalana, la misma que perjudicaría a catalanes y españoles si se
llevara a cabo.
Mapa de las regiones y provincias de España
España ocupa el puesto 136 entre
185 países examinados por el informe “Doing business in 2013” (“Haciendo
negocios en 2013”) confeccionado por el Banco Mundial en lo que respecta a la
accesibilidad para poder fundar una empresa propia. En nuestra piel de toro
hacen falta 10 trámites y veintiocho días para poder arrancar, además de que
desde el inicio hay que cotizar a la Seguridad Social sin haber obtenido
todavía ningún beneficio, se tiene que abonar el IVA de las facturas aunque no
se hayan cobrado, y encima ha de sufrirse la demora de las entidades públicas
que tardan en pagar entre seis meses y cinco años, si es que pagan. Es más
fácil abrir un negocio en Zambia que en España, lo cual indica el grado de corruptelas
e hipocresía en nuestros políticos cuando hablan de crear puestos de trabajo.
En Francia y Gran Bretaña se puede iniciar una empresa con un solo formulario
burocrático, más el pago de una cantidad simbólica, en un plazo de 24 horas. Lo
que ocurre es que tal vez en nuestro país los que se reparten el pastel quieren
compartirlo, pues lo que de verdad buscan es una masa enorme de parados para
que se ofrezcan a trabajar como esclavos con salarios de miseria mientras ellos
se forran.
Francisco Correa Sánchez
(Casablanca, Marruecos, ¿1955?)
Caracterizado aquí como el Tío Sam, es el supuesto líder de una trama de corrupción acusada de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental conocida por su apellido en alemán (Correa = Gürtel)
Lo que necesita España es que se
movilicen los capitales, que ahora están al resguardo de tiempos mejores,
ofreciendo incentivos para invertir en la economía real, la productiva, y no en
la meramente especuladora. Lo que un gobierno conservador debería hacer es
justamente lo que prometió que haría y no ha hecho: bajar los impuestos. Lo que
sería valiente por su parte es que atajara la depresión económica favoreciendo
el espíritu emprendedor de las PYMES con subvenciones que llegaran a su destino
y no se quedaran enredadas en el laberinto de las mentiras y la burocracia. Lo
que hace falta es que se deroguen las trabas legislativas que impiden crear
riqueza y faciliten a los trabajadores
autónomos el desarrollo de su labor y la generación de nuevas empresas que a su
vez contratarán a nuevos trabajadores. Aumentar el número de plazas convocadas
por oposición para tener más jueces y agilizar así una Justicia lenta que por su
misma tardanza es injusta. Despolitizar el nombramiento de los jueces en la
cúpula de los tribunales superiores del Estado en respeto a la verdadera
esencia democrática de la separación de poderes ejecutivo, legislativo y
judicial que formulara el barón de Montesquieu en 1784.
Alegre logotipo diseñado por el pintor
Joan Miró i Ferrà
(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)
Lo que tendría que hacer el
gobierno es disminuir la cantidad de políticos y sindicalistas liberados que
viven con prebendas suntuosas como si la crisis no la estuviéramos padeciendo
todos. Suprimir ese mecanismo por el cual unos concejales pueden votar
aumentarse el sueldo nada más salir elegidos sin ningún otro criterio que el de
darse pompa. Lo que haría un gobierno decente y honesto debería ser disminuir
las listas de espera en la sanidad pública; reforzar la autoridad médica, desde
hace tiempo objeto de agresiones y denuncias para conseguir indemnizaciones
económicas. Un ministro como Ignacio Wert debería dejarse de querer recortar las
becas en el ámbito educativo, y cortar por lo sano esa tortura que llevamos soportando
demasiado tiempo al permitir conductas de gamberrismo en los alumnos sin que
puedan adoptarse medidas sancionadoras directas y tajantes. Un ministro de Hacienda
como Cristóbal Montoro debería examinar la transparencia contable de esos
clubes deportivos que gastan por encima de sus posibilidades. En definitiva, un
gobierno cabal y consecuentemente de centro debería regenerar la televisión
ofertando teatro, ópera, documentales o entrevistas a científicos y artistas en
los que los modelos a imitar por lo jóvenes no fueran los que exhibe la
telebasura y sí los de quienes con esfuerzo, preparación y entusiasmo consiguen
logros. Para conseguir todo esto necesitaríamos un gabinete de gobierno que actuara
con resolución y no tramando parches o escudándose tras la inercia del silencio.
(Artículo de opinión escrito por Andrés González Déniz)
Para arreglar este país hacen falta muchos Quijotes idealistas
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